Declaración de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Señor Presidente,

Excelencias,

La paz no es una palabra que escuche muy a menudo estos días.

La situación en Ucrania parece haberse sumado a una letanía de sufrimiento continuo, y la atención del mundo parece estar cansada por las múltiples crisis que enfrentamos. Siento por los ucranianos, que tienen derecho a la paz y que merecen la paz, de acuerdo con la Carta de la ONU y el derecho internacional. En cambio, temo que el conflicto prolongado y arraigado impactará vidas y derechos humanos durante generaciones.

Han pasado 662 días desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Mi Oficina continúa llevando a cabo un extenso monitoreo y documentación a través de nuestra Misión de Monitoreo de Derechos Humanos en Ucrania (HRMMU), basada en la metodología probada y comprobada que hemos desarrollado durante décadas. Esta documentación sigue indicando graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, serias violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra, principalmente por parte de las fuerzas de la Federación Rusa.

Incluyen 142 casos de ejecuciones sumarias de civiles desde febrero de 2022, en territorio controlado por las fuerzas armadas rusas o ocupado por la Federación Rusa. En territorio ocupado, hemos documentado tortura y malos tratos generalizados de detenidos, incluida la violencia sexual, así como un gran número de desapariciones forzadas.

Además, ha habido una extensa falta de medidas adecuadas por parte de la Federación Rusa para proteger a los civiles y los objetos civiles protegidos contra los efectos de sus ataques.

Señor Presidente,

Hasta el 4 de diciembre, mi Oficina ha registrado y confirmado más de 10,000 muertes de civiles como resultado del conflicto desde febrero de 2022, incluidos más de 560 niños. Además, se han confirmado 18,500 civiles heridos, muchos de ellos gravemente. El verdadero número probablemente sea sustancialmente mayor.

El informe A/HRC/55/CRP.2 está ante ustedes. Cubre eventos entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de este año. Durante este período, documentamos 2,440 civiles muertos y heridos, la mayoría de ellos por armas explosivas con efectos de área amplia, como proyectiles de artillería y cohetes; municiones de racimo; y misiles, así como las llamadas municiones merodeadoras.

La mayoría de estos civiles fueron asesinados en áreas de Donetsk, Járkov, Jersón y Zaporiyia cerca de las líneas del frente de combate, y entre ellos había un número desproporcionado de personas mayores, que no querían o no podían reubicarse en lugares más seguros.

También se documentaron bajas significativas debido a ataques con misiles lanzados por la Federación Rusa contra objetivos en áreas residenciales densamente pobladas, a menudo lejos de las líneas del frente. Los múltiples ataques con misiles de la semana pasada en Kiev, que hirieron a más de 50 personas y dañaron varios edificios de apartamentos, son otro ejemplo. La gente en todo el país no se siente segura.

Además, las minas y los restos explosivos de guerra causaron más de 1,000 bajas civiles desde febrero de 2022. Esta extensa presencia de minas y material explosivo, en grandes áreas de Ucrania, amenaza las vidas, los derechos y los medios de vida de los ucranianos tanto a corto como a largo plazo.

Los ataques con misiles rusos también han tenido como objetivo instalaciones de almacenamiento y transporte de granos, que son necesarias para la exportación de alimentos y constituyen objetos civiles protegidos bajo el derecho internacional humanitario. Tales ataques amenazan un sector crítico de la economía de Ucrania y privan a personas en muchos países de alimentos de importancia crítica.

Además, más de 1,300 instalaciones educativas y de salud han sido dañadas o destruidas desde febrero de 2022, más de 100 de ellas en este período de informes. Apenas la mitad de los niños en Ucrania pueden asistir a clases presenciales todos los días.

Señor Presidente,

En los territorios ocupados por la Federación Rusa, incluida Crimea, hemos documentado patrones de detención arbitraria y desaparición forzada, por parte de las fuerzas armadas rusas, de funcionarios locales, periodistas, activistas de la sociedad civil y otros civiles. Incluyen numerosos activistas tártaros de Crimea.

La Federación Rusa no nos ha permitido acceder a ninguno de sus lugares de detención en estos territorios, lo que impide un recuento completo de estos casos. Pero entre las víctimas de detención arbitraria, detención incomunicada y desaparición forzada documentadas por mi Oficina desde el 24 de febrero de 2022, al menos cien civiles murieron después de haber sido detenidos por las autoridades rusas. Al menos 39 de ellos parecían haber sido torturados antes de su muerte: las prácticas de tortura y otros tratos crueles han sido generalizadas en los lugares de detención en los territorios ocupados por Rusia. Muchos casos de tortura que hemos documentado incluyen violencia sexual.

La Oficina tampoco tiene acceso a los prisioneros de guerra ucranianos que han sido internados en territorios ocupados por la Federación Rusa. Muchas familias no han recibido ninguna comunicación de ellos, lo que crea una profunda preocupación por su destino. Rusia también ha retenido al personal médico militar ucraniano, en contra del derecho internacional humanitario.

La Oficina está analizando seis nuevos casos reportados de soldados rusos matando a civiles en territorio ocupado. Las autoridades rusas anunciaron el arresto de dos soldados rusos en relación con el asesinato de una familia de nueve personas, incluidos dos niños, en Volnovakha, en la región de Donetsk. También hay indicios de que se ha abierto una investigación sobre un segundo caso que hemos verificado, en el que una pareja fue asesinada en Maly Kopani, en la región de Jersón.

Según el derecho internacional, la potencia ocupante debe mantener el status quo, en la medida de lo posible. Pero mi Oficina ha seguido documentando acciones de la Federación Rusa para imponer sus propias leyes, así como estructuras legales, políticas y administrativas en áreas que ha ocupado y que ha pretendido anexar, en violación del derecho internacional, incluso conscribiendo a hombres ucranianos para servir en el ejército ruso contra su propio pueblo.

En el período de informes, las autoridades ucranianas han continuado procesando y condenando a individuos de áreas que están o han estado bajo ocupación rusa. Al 30 de noviembre, se han presentado unos 8,600 cargos penales en relación con actividades de colaboración o cargos similares, con los tribunales ordenando, en la mayoría de los casos, que los acusados permanezcan en custodia en espera de juicio. Se han dictado veredictos en 941 casos. En opinión de mi Oficina, muchos de estos individuos fueron condenados por conductas que podrían ser legales, incluyendo, por ejemplo, trabajos para asegurar el funcionamiento continuo de los servicios sociales y las escuelas en áreas ocupadas. Insto a las autoridades ucranianas a que restrinjan su definición de "colaboración" para evitar cualquier conflicto con actividades que sean legales bajo el derecho internacional humanitario.

También noto mis preocupaciones con respecto a la libertad de religión y creencias en Ucrania, dada la acción continua de las autoridades contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Un proyecto de ley establecería un procedimiento para disolver cualquier organización religiosa con vínculos con la Federación Rusa. Estas restricciones propuestas al derecho a la libertad de religión no parecen cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos.

Cuando visité Ucrania el año pasado, me di cuenta de lo importante que es mantener una visión constante para el día después. Prepararse ahora para el tipo de Ucrania en el que la gente querría vivir una vez que esta guerra haya terminado. Esto requiere la construcción de inclusión social para todas las comunidades y la protección de los derechos de las minorías, incluido el derecho a usar todos los idiomas hablados en Ucrania.

Con respecto al tema de la transferencia forzosa de niños ucranianos a la Federación Rusa, documentamos el regreso de dos niños a Ucrania durante el período de informes. Reitero nuestro llamado para el regreso inmediato de todas las personas deportadas y transferidas, incluidos los niños.

También sigo profundamente preocupado por las posibles amenazas a la seguridad en la Planta de Energía Nuclear de Zaporiyia, una de las instalaciones nucleares más grandes de Europa, que sigue ocupada por fuerzas rusas. El uso continuo de armas pesadas en las proximidades del sitio y los temores sobre la mala gestión de sus sistemas complejos podrían resultar en un daño catastrófico a los derechos humanos.

Señor Presidente,

Insto a todos los Estados, especialmente a aquellos con influencia, a que llamen a medidas inmediatas y decisivas por ambas partes, y en particular, por la Federación Rusa, para garantizar que su personal cumpla plenamente con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario. Deben tomar todas las precauciones posibles para evitar y minimizar el daño a los civiles, incluyendo a través de la selección de medios y métodos de guerra. Deben cesar el uso de armas explosivas con efectos de área amplia en áreas pobladas y mapear meticulosamente la ubicación de las minas. Los prisioneros de guerra deben ser tratados en plena conformidad con el derecho internacional humanitario.

Debe haber investigaciones oportunas y efectivas sobre todas las denuncias de violaciones, con el debido enjuiciamiento y responsabilidad para los presuntos perpetradores, incluidos aquellos con responsabilidad de mando. Las víctimas tienen derechos a remedio, reparación y apoyo.

El ataque a la infraestructura civil, incluidas las instalaciones relacionadas con la producción y exportación de granos, y las prácticas de detención arbitraria y tortura deben cesar de inmediato.

Insto a la Federación Rusa a permitir el acceso de monitores independientes e imparciales a los lugares de detención y a respetar plenamente el derecho internacional humanitario aplicable en el territorio bajo su ocupación, incluyendo la aplicación de las leyes ucranianas y el fin de la conscripción de civiles protegidos.

Ucrania debe alinear la "Ley sobre Actividades de Colaboración" con el derecho internacional y abstenerse de procesar a individuos por colaboración cuando su cooperación con las autoridades ocupantes esté dentro del derecho internacional humanitario. Debe asegurarse de que la legislación proteja la libertad de religión y no discrimine contra ninguna comunidad religiosa. También insto a la rápida adopción de una estrategia nacional para la protección de los civiles.

Insto además a la Federación Rusa y a Ucrania a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad y protección de las operaciones en las plantas de energía nuclear de Ucrania.

En última instancia, solo hay una solución para este trágico y extenso conflicto: una paz justa. De acuerdo con la Resolución de la Asamblea General ES-11/1 y la orden vinculante de la Corte Internacional de Justicia, la Federación Rusa debe cesar inmediatamente su uso de la fuerza contra Ucrania.

Gracias.